El 7 de mayo de 2026 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°22/2025 del Ministerio del Medio Ambiente, una nueva norma de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor. Con esta publicación, Chile incorpora metas obligatorias para una de las corrientes de residuos de mayor crecimiento: las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como AEE.

La medida obliga a los productores a organizar y financiar sistemas de gestión para recolectar y valorizar estos productos cuando llegan al final de su vida útil. En términos simples, vender o importar estos artículos en Chile también implicará hacerse cargo de su etapa final, ya sea mediante sistemas individuales o colectivos de gestión.

De chatarra electrónica a economía circular

La nueva regulación no apunta solo a “reciclar más”. Su objetivo es construir un sistema formal de gestión que permita recolectar, reparar, reutilizar y valorizar productos que muchas veces terminan guardados en hogares, mezclados con basura común o enviados a destinos informales.

Según antecedentes difundidos por la autoridad ambiental, Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y más de 2.600 toneladas de residuos de pilas al año. Sin embargo, la tasa de reciclaje de estos residuos alcanza apenas un 4,1%, pese a que muchos de ellos contienen materiales recuperables y componentes que requieren manejo ambientalmente seguro.

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  Puntos limpios y puntos verdes

  La implementación considera una red gradual de puntos limpios y puntos verdes en distintas comunas del país, desde Arica hasta Punta Arenas, para facilitar la entrega formal de estos residuos.

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  Campañas domiciliarias

  Los sistemas de gestión deberán realizar campañas de recolección puerta a puerta al menos dos veces al año, acercando la solución a hogares, barrios y comunidades.

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  Recepción en comercios

  Los comercios de más de 400 m² que comercialicen estos productos deberán convenir con sistemas de gestión para recibir residuos sin costo para los consumidores.

Metas, plazos y obligaciones

Las metas obligatorias comenzarán a regir en mayo de 2028, es decir, 24 meses después de la publicación del decreto en el Diario Oficial. La meta general parte en un 3% durante el primer año de cumplimiento y aumenta gradualmente hasta alcanzar un 45% desde el décimo año de implementación.

El decreto también reconoce categorías específicas dentro de los AEE, como aparatos de intercambio de temperatura, paneles fotovoltaicos y otros aparatos eléctricos y electrónicos. Este detalle es relevante porque no todos los residuos tienen el mismo volumen, composición, vida útil o dificultad de manejo.

Para la ciudadanía, el cambio debería traducirse progresivamente en más alternativas para entregar productos en desuso: desde pilas usadas hasta celulares antiguos, computadores dañados o pequeños electrodomésticos. Para las empresas, en cambio, el decreto implica prepararse para declarar, financiar y coordinar la gestión de los productos que introducen al mercado.